Se realizó la primera audiencia en el marco del habeas corpus colectivo y correctivo interpuesto por los estudiantes de la cárcel de villa la Rosas en conjunto con la Gremial de Abogados y Abogadas y ALFA en contra del Servicio Penitenciario, con avances que fueron fundamentales.

En esta oportunidad, pudimos contar con la presencia del presidente de la Gremial, nuestro compañero Eduardo “Negro” Soares, quien viajó desde Buenos Aires exclusivamente para participar de la audiencia.

En una jornada de varias horas, expusimos nuestros planteos y propuestas concretas que entendemos resultan claramente viables y que pueden permitir resolver los planteos de fondo, despertando ello una postura muy favorable y proactiva de la Dra Mosmann (jueza interviniente) e incluso una actitud receptiva y colaborativa del representante de la Fiscalía de Estado de la Provincia.

Como eje central de nuestro planteo, el cual fue clara y extendidamente fundamentado con el testimonio del estudiante de la UC1: “Lito” Gomez Garzon (quien asistió en representación del colectivo afectado), se hizo alusión a la violencia institucional que atraviesa todas las prácticas que denunciamos en el habeas corpus. Esto es, la actitud discriminatoria y abusiva que ejercen los efectivos del Servicio, valiéndose de la clara asimetría existente y el amplio margen de discrecionalidad con el que cuentan en los espacios carcelarios. Las llamadas “violencias de baja intensidad”, esto es, una forma de violencia institucional continua, sistemática y cotidiana que se naturaliza en el trato hacia los presos y que se evidencia especialmente en los estudiantes universitarios, traduciéndose en una serie de prácticas tendientes a menoscabar la dignidad de los estudiantes y disuadirlos de continuar con sus estudios. La suma de estos atropellos (algunos sutiles, otros muy manifiestos) implica un atentado serio contra el derecho a la educación de las personas privadas de libertad.

Es en ese marco, y tras un sorprendente reconocimiento de Fiscalía de Estado de muchas de las vulneraciones denunciadas, fue que se propuso:

– La elaboración de un memorándum para todo el personal (especialmente para las divisiones de Bienestar y de Custodia y Traslado) referente a los derechos de los estudiantes que deben respetarse (vinculados a los traslados, uso del aula, exigencias burocráticas, respeto y no discriminación, etc) y su difusión mediante comunicados visibles en espacios estratégicos del penal;

– La profundización de un protocolo en relación al uso del aula universitaria y a la realización de los traslados a la Unsa;

– La realización de cursos de formación en derecho humanos para el personal del Servicio Penitenciario y su profundización;

– La habilitación del aula universitaria los sabados;

– El cese de usos indebidos del aula universitaria de mujeres;

– La donación de un móvil al Servicio Penitenciario que sea utilizado solo para el traslado de los estudiantes de la Unsa y la donación de los materiales para la edificación de un aula universitaria en la Granja Penal 6 (esto a través de la gestión de la Comisión de Educación en contexto de privación de la libertad de la Fac. de Humanidades);

– La habilitación de internet para clases de consulta;

– La realización de un monitoreo periódico de la situación de los estudiantes privados de libertad, para lo cual propusimos la participación del Comité para la Prevención de la Tortura (que recientemente se presentó como amicus curiae en la causa) y de la Gremial (invocando un antecedente similar en la cárcel de Coronda, Sta. Fé, en la que se otorgó facultades de monitoreo a la Gremial).

Aun no se ha resuelto nada, pero el visto bueno dado a las propuestas formuladas dio lugar a que el próximo 1 de Junio se realice un inspección ocular en la cárcel de villa las Rosas (a la cual asistirá la jueza y cada una de las partes), y a la fijación de una segunda audiencia para el 3 de Junio, en la que además de las partes involucradas, se citará también a las autoridades de la Facultad de Humanidades de la UNSA, al Comité para la Prevención de la Tortura y al Jefe del Servicio Penitenciario, con el fin de concertar un acuerdo que garantice los derechos reclamados en el habeas corpus y que ponga fin al proceso.

Creemos que se eligió el mejor camino posible y con el consenso de los afectados. Pero además, la actitud proactiva que demostramos en la causa, la viabilidad de las propuestas formuladas, y el reconocimiento mostrado por Fiscalía de Estado, generan un marco de condicionamiento que fortalece nuestro posicionamiento en el proceso en caso de que se frustrara el acuerdo. Por ello tenemos esperanza de que se pueda lograr una solución definitiva que implique, al menos, un avance concreto y serio en la situación de los estudiantes de las cárceles de Salta.