En el día de la fecha tuvimos la última audiencia en la justicia federal, en la que se dictó el sobreseimiento definitivo de los docentes que participaron del corte de la ruta 51, en las jornadas de lucha por mejoras salariales de junio del 2023, y que habían sido imputados por el delito de entorpecimiento de las vías de circulación terrestre.

Mirando en retrospectiva, observamos que cada uno de los y las docentes que en 2023 fueron imputados (algunos detenidos) por salir a las rutas como expresión de su lucha salarial, terminaron sobreseídos, dejando en evidencia una vez más la utilización del Código Penal y la criminalización de la protesta social como herramienta para disuadir las luchas y no como herramienta de justicia y paz social. Aun si hubiera mediado alguna condena esto no dejaría de ser cierto.

Como señalamos desde un principio, el solo hecho de que, frente a la manifestación y corte de ruta por parte de un amplio grupo de personas, se impute solo a cuatro, no resistía el mas mínimo análisis de justicia. Sin siquiera entrar en el reconocimiento que las prácticas de protestas social han ido ganando en el sistema interamericano de derechos humanos, y aun desde la perspectiva criminalizante de la protesta, quedaba en evidencia la ausencia de criterio alguno que permitiera determinar porqué se imputó a unos y no a otros, lo que muestra que no se trató más que de una práctica aleccionadora para infundir temor y disuasión, legitimada desde el Poder Judicial.

Por eso, después de todo lo que pasaron los profes imputados, es una gran noticia que se haya dado su sobreseimiento definitivo. Agradecemos la confianza depositada en nosotros para ejercer la defensa.