Esta semana se ordenó el sobreseimiento de las nueve mujeres que, junto a dos varones, habían sido detenidas injustamente en el año 2022 (por orden de la Dra. Zunino) acusadas del delito de usurpación, desobediencia judicial y atentado contra la autoridad, cuando se habían apostado en un terreno baldío de Barrio Solidaridad, para reclamar su limpieza y medidas de seguridad en la zona. Desde el Centro ALFA habíamos asumido la defensa de tres de ellas, requiriendo en su momento la libertad y el sobreseimiento.

Nuevamente pasaba lo que muchas veces hemos visto en protestas o manifestaciones sociales de este tipo, esto es, el uso del aparato represivo y del código penal para amedrentar, criminalizar y disciplinar a la gente, en este caso la mayoría mujeres que exigían respuestas del Estado ante una problemática barrial.

Peor aun, Por las solas circunstancias y el lugar en el que se encontraban reclamando, se dio por sentado que se estaba usurpando el terreno, actuando la Policia a partir del prejuicio y la estigmatización para luego ejercer violencia (y aunque no haya sido este el caso, la misma figura de la usurpación es frecuentemente utilizada para criminalizar a las personas que, por la misma estructura desigual del sistema, están excluidas de la posibilidad de acceder a una vivienda digna).

Finalmente, La mayoría de las imputadas escogió arribar a un acuerdo en mediación penal para poder sacarse la causa lo antes posible y, frente a ello, se terminó cerrando la causa. Por ello, si bien es una buena noticia el que se haya dictado el sobreseimiento y se levante la causa para nuestras defendidas, lo cierto es que la causa en sí no debió haber existido en primer lugar.