Muchos hoy hablan livianamente sobre la baja de edad de imputabilidad como si la inclusión en el sistema penal pudiera tener algún efecto disuasivo de la criminalidad o como si dicha inclusión pudiera significar una ayuda para el cambio de rumbo de los jóvenes en conflicto con la ley penal.

Los hechos han demostrado todo lo contrario. Las condiciones pseudo-carcelarias de los centros juveniles de privación de libertad (que no tiene solo que ver con las instalaciones de los establecimientos, sino principalmente con una lógica y una forma de trato hacia los pibes) no han tenido un efecto resocializante precisamente. Todos los que alguna vez hemos trabajado o desarrollado actividades en esos espacios sabemos que no es lo usual que un chico salga de allí en paz con el mundo.

Por el contrario, un altísimo porcentaje vuelve a reincidir y, además, muchos sufren maltratos continuos y serios atropellos a su dignidad (y hasta delitos) mientras permanecen en dichos centros, hechos estos que rara vez se denuncian y que son difíciles de acreditar.

Del mismo modo, la mitad de los chicos que ingresan a los sistemas penales juveniles, suelen atravesar una problemática de consumo previa y están fuera del sistema escolar, sin contar todos aquellos que estaban en situación de calle antes de ser aprehendidos o en situaciones de extrema vulnerabilidad familiar. Si ese es el grueso de la población juvenil que ingresa al sistema penal no podemos negar la incidencia de una cuestión estructural de desigualdad social de fondo.

Con ello, es evidente que el punitivismo no es la solución o, por lo menos, no una solución para mejorar la vida de lxs chicxs e impedir su ingreso o permanencia en la delincuencia. Más bien se profundiza esa mirada diferenciadora entre “ciudadanos de bien” y “los indeseables”, donde los únicos derechos que importan son los de los primeros.

Paradójicamente, si como sociedad invirtiéramos fuertemente en alternativas de inclusión (sobre todo cuando según el último informe de UNICEF, en Argentina, hay más de 7 millones de chicos que viven en la pobreza y alrededor de 2 millones que viven en la indigencia), no solo desde el Estado (que no hace mas que desfinanciar y cerrar programas relativos a la protección de derechos de las infancias y adolescencias), sino también desde la sociedad en su conjunto, promoviéndose un involucramiento activo en favor de las niñeces y adolescencias de todos aquellos “ciudadanos de bien”, el resultado sería, no solo menos desigualdad, sino también menor inseguridad. Pero la lógica del individualismo nos tiene cercados y a la vez aislados.

Alguien podrá decir que es fácil decir esto si no he tenido a algún ser querido víctima de un grave hecho de delincuencia juvenil. Pero, justamente, porque me ha pasado es que puedo ver que el castigo (que además no es el fin que la constitución le otorga al sistema penitenciario) no es la solución de nada; tampoco lo son los discursos trillados y políticamente correctos que no salen de lo discursivo. Hay que buscar a los pibes, hay que ir.