Ya venimos diciendo que los hechos de violencia institucional en el marco de las fuerzas de

seguridad no constituyen hechos aislados, sino que hay una política diseñada conscientemente para legitimar la crueldad de las fuerzas y para permitir, a la vez, la impunidad, que es garantizada por el alto monto de discrecionalidad de los funcionarios actuantes para imponer su versión de los hechos, con lo cual muchas veces se inculpa a los mismos violentados, total quien le va a creer a alguien que tiene apariencia de “malviviente” o “delincuente”. En ese grado de asimetría de fuerzas es muy común que la victima termine figurando como victimario y que, por ende, se justifique toda violencia o sufrimiento infligido o permitido.

Desde ALFA acompañamos a un joven que hace menos de un mes fue victima de una feroz paliza policial en una Comisaria, que habría quedado en la impunidad si no fuera porque su madre logró filmar como entró y como salió su hijo de la Comisaria, filmando también a los agresores, lográndose así que la investigación penal pueda avanzar.

Sin embargo, días después, el 26 de Octubre, este mismo joven, que se encontraba en Alcaidía luego del incidente en la Comisaría, resultó ser uno de los principales heridos por el incendio desatado en su celda y se encuentra en estado crítico, con gran parte de su cuerpo quemado.

Y mientras algunos minimicen o hasta justifiquen la brutalidad y la tragedia para quienes consideran indeseables o peligrosos (no porque conozcan sus historias, sino solo por su origen social y a partir del mas ignorante prejuicio, porque ser detenido en Alcaidia no significa ser culpable hasta que ello no se demuestre en un juicio), el Estado mas que nunca tiene que dar respuestas claras y transparentes. No solo sobre los incumplimientos de normativa internacional de derechos humanos respecto de personas privadas de libertad, sino sobre cualquier acción dolosa o culposa de funcionarios penitenciarios que pudiera haber contribuido con el gravísimo episodio del domingo que dejó tantas personas afectadas por el fuego y algunas con serio riesgo de vida, como nuestro asistido.

Hoy se habla por diversos medios de un hacinamiento y malas condiciones de detención, que no son novedades en nuestra Provincia (y que algunos venimos denunciando legalmente desde hace tiempo) pero esto no debe quedar en una indignación momentánea, porque la violencia institucional naturalizada tarde o temprano se termina cobrando vidas. Asi lo hemos visto en nuestro país a través de muchísimos casos de gatillo fácil, detenciones ilegales y otras prácticas que han devenido en sanciones internacionales para nuestro país.

Y de trasfondo, una desigualdad e invisibilización total de aquellos que la sociedad margina. Si este terrible derrotero de violencia policial seguido de violencia en el lugar de detención con secuelas gravísimas que le ocurrió a este joven, le hubiera ocurrido a una persona de otro estrato social o que, por lo menos tuviera una imagen que se asemejara a la de una “buena victima”, otra seria la reacción de la sociedad y la presión sobre el Estado para que investigue.

Desde nuestra parte, al igual que la madre de aquel joven, seguiremos denunciando y accionando.