El martes 27 de Agosto se desarrolló un conversatorio en la Unsa referente al proyecto de baja de edad de punibilidad, en el marco del ciclo de reflexiones sobre el sistema penal, organizado por la Comisión de Educación en contextos de privación de libertad de la Universidad.

El valor agregado del conversatorio lo dio la presencia, y la amplia participación en el debate, de estudiantes de la universidad privados de libertad que cumplen condena en el penal de villa Las Rosas.
Ellos mismos pudieron dar sus testimonios sobre el completo fracaso del sistema penal (y de la privación de libertad) respecto del fin de resocializar a las personas que cumplen condena, en un sistema carcelario que, lejos de priorizar la rehabilitación y reinserción social de los internos, solo prioriza la misma seguridad del encierro y siempre bajo una lógica de castigo.

Se analizaron también los diversos datos estadísticos disponibles en el país que indican la baja incidencia de los delitos de chicos menores de edad en la problemática de la inseguridad, como así también la menor tasa de homicidios de nuestro país en relación a aquellos países que bajaron la edad de punibilidad hace ya varios años (datos que el gobierno omite por completo).

Se sentó una postura firme en contra de los proyectos de baja, porque no se trata de una mera modificación en la política criminal, sino más bien legitimar una determinada visión de las niñeces y adolescencias de los sectores más vulnerables, una visión peligrosista que los sitúa como una amenaza que debe excluirse en aras de la seguridad ciudadana, pretendiendo generar la falsa idea de una pugna entre derechos de las víctimas y derechos y garantías de pibes en conflicto con la ley.

En un contexto de ensanchamiento de la brecha social (donde el coeficiente de Gini muestra que durante el primer trimestre del año se observa que las familias ricas ostentan ingresos 23 veces superiores a los de las familias pobres), de recortes de programas y servicios para las niñeces más marginadas y de naturalización de la violencia institucionalizada en muchos barrios pobres, el avance punitivista que propone la reforma impulsada por el gobierno consolida una concepción excluyente de todos aquellos chicos que no encajan en el ideal de niñez y adolescencia «normal» que gran parte de la sociedad acepta acriticamente.

Pero tampoco resulta suficiente esgrimir ante dicha ofensiva, una concepción meramente proteccionista de los pibes, que los sitúe en el simple lugar de víctimas del sistema, porque ello implica también subestimarlos y colocarlos en un lugar pasivo.

Por ello hoy más que nunca necesitamos promover, no solo la protección de los derechos y garantías constitucionales de los pibes, sino también su empoderamiento a través del conocimiento de sus derechos y su propia participación activa en la defensa de los mismos.