Por Agustín Colque y Adriana Vázquez

Que no se enteren mis hijos

de lo que a Usted, mi querido nieto,

le revelaré:

El horror del lamento

que su difunto abuelo un día

confesó al volver.

Una mañana oscura del 76

irrumpió la policía

y aun sin saber nada él

un revólver apoyaron

sobre su sien.

Recuerdo el terror en sus ojos

en mi pecho un peso hondo

y la rabia contener.

Y el alma años después

se me estruja de saber

lo que podrían haber hecho con él.

Anónimo (2026), Poema sin título

Hace cincuenta años, el 24 de marzo de 1976, Argentina amaneció con el ruido de botas y el silencio de las radios intervenidas. Las Fuerzas Armadas tomaron el poder e inauguraron la más sangrienta dictadura de nuestra historia. El llamado “Proceso de Reorganización Nacional”, como lo denominaron los criminales que usurparon el poder, no fue un golpe de Estado más: a diferencia de los anteriores –los militares derrocaron a presidentes de distinto signo político en 1930, 1943, 1955, 1962 y 1966–, las Fuerzas Armadas pusieron en marcha un plan de exterminio, sostenido por sectores civiles, económicos y eclesiásticos que lo legitimaron y del cual se beneficiaron.

Entre 1976 y 1983, funcionó en Argentina una red clandestina de represión con más de 600 centros de detención ilegal. Miles de personas fueron secuestradas, torturadas, asesinadas y desaparecidas. En Salta, ese horror tiene un símbolo particular: el exgobernador Miguel Ragone, único mandatario provincial desaparecido durante la dictadura. En el informe Nunca Más, la CONADEP (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas) señaló tener “todas las razones para suponer una cifra más alta” que las 9 mil desapariciones que pudieron constatar y documentar. A través de la reconstrucción sostenida por organismos de derechos humanos y otras fuentes –incluyendo el Archivo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos–, se estima que los represores fueron responsables de la desaparición de alrededor de 30.000 personas.

Esa cifra abierta, fuertemente cuestionada por sectores que reivindican el accionar militar, cobra sentido si consideramos el carácter clandestino de la represión. Muchos casos –especialmente los de aquellas personas en condiciones de extrema vulnerabilidad– no fueron denunciados debido al temor que expresaron muchas familias de sufrir represalias o de motivar el resurgimiento de las fuerzas dictatoriales. Además, el entramado represivo excedió a las Fuerzas Armadas: involucró la activa participación y complicidad de médicos, jueces, sacerdotes y administrativos, quienes continuaron con sus vidas, acudiendo a sus lugares de trabajo y habitando sus barrios tras terminar la dictadura.

La Junta Militar suspendió las garantías constitucionales, clausuró el Congreso, destituyó a los jueces de la Corte Suprema, prohibió la actividad política y sindical, intervino las universidades nacionales y oficializó la censura mediante el control de los medios de comunicación. En particular, desde la Dirección Nacional de Relaciones Públicas, se buscó instalar la idea de una “guerra contra la subversión”, pero la cantidad de secuestros, ejecuciones y desapariciones de estudiantes, trabajadores, docentes, periodistas, deportistas, artistas, militantes políticos e incluso abogados era abrumadora. Todo ello, simplemente por pensar distinto.

La dictadura también puso en marcha un plan sistemático de apropiación de bebés: mujeres embarazadas parían a sus bebés en los centros clandestinos de detención, que luego eran entregados ilegalmente a familias vinculadas al poder. Se estima que alrededor de 400 niños y niñas fueron apropiados. Los abogados de los jerarcas militares, años después, llegaron a justificar estos hechos expresando que “quien gana una guerra tiene derecho a quedarse con el botín”.

Pero el proyecto dictatorial no fue solo represivo: también transformó la estructura económica y social de la Argentina, persiguió al movimiento obrero, clausuró sindicatos y consolidó un modelo que concentró la riqueza y multiplicó la deuda externa. La asfixia económica que produjo el gobierno militar incluyó también una inflación acumulada del 1680 por ciento. Por eso, el golpe de 1976 fue también económico.

Sin embargo, incluso en los años más oscuros, empezó a escribirse una historia de resistencia. Un grupo de mujeres comenzó a caminar alrededor de una plaza, a preguntar dónde estaban sus hijos y a cuestionar las evasivas de jueces y policías. Sin poder ni protección, las Madres –y luego Abuelas– de Plaza de Mayo construyeron un movimiento que se convirtió en símbolo global de lucha por los derechos humanos. Años después y gracias a su labor, más de 130 nietos recuperaron su identidad y cientos de familias pudieron reconocer y enterrar a sus seres queridos con dignidad.

Una vez deteriorado el régimen, la propia Junta Militar asestó su final enviando a cientos de jóvenes sin experiencia, sin preparación y sin recursos adecuados a enfrentarse a las fuerzas británicas en las Islas Malvinas. La dictadura militar decidió retirarse una vez que perdió en su propio juego, pues la derrota en Malvinas nos costó más de 600 caídos y más de 300 suicidios de excombatientes.

Con el retorno de la democracia en 1983, se creó la ya mencionada CONADEP, cuyo informe, titulado Nunca Más, recopiló testimonios y pruebas fundamentales que sirvieron de base para el juicio contra los jerarcas de las tres Fuerzas Armadas en 1985. El histórico Juicio a las Juntas fue un hecho sin precedentes en el mundo, pues ninguno hasta entonces había logrado juzgar y condenar a sus dictadores en tribunales civiles de su propio país. Las condenas a Jorge Rafael Videla, Emilio Eduardo Massera, Roberto Eduardo Viola, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti fueron ratificadas por la Corte Suprema un año después. Los restantes acusados, entre los que se encontraba Leopoldo Fortunato Galtieri, artífice de la guerra de Malvinas, fueron absueltos.

Ese proceso fue luego limitado por las leyes de obediencia debida y punto final, y por los indultos de los años 1989 y 1990. Pero la persistencia de organismos de derechos humanos como H.I.J.O.S. (Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio) y las ya nombradas Madres y Abuelas de Plaza de Mayo mantuvo viva la demanda de justicia y logró revertir ese escenario mediante la anulación de las llamadas “leyes del perdón”.

A partir de 2004, la Corte Suprema dictó, casi en simultáneo, los fallos “Arancibia Clavel”, “Simón” y “Mazzeo”, en los que declaró la imprescriptibilidad, inamnistiabilidad e inindultabilidad de los crímenes de lesa humanidad, respectivamente. Desde entonces, los procesos iniciados por crímenes de lesa humanidad se consolidaron en nuestro país como una política de Estado: cientos de causas, miles de imputados y más de mil condenas por delitos de lesa humanidad. Según el Ministerio Público Fiscal, entre 2006 y 2025, se abrieron 706 causas por delitos de lesa humanidad; se condenó a 1208 represores, y se acusó, procesó o indagó a 890 personas. Lamentablemente, estos datos conviven con otro dato no menor: el de los 1762 presuntos represores que fallecieron antes de ser juzgados. En Salta, con 123 causas abiertas, todavía esperamos el inicio de 20 juicios de lesa humanidad.

Cada juicio volvió a abrir la memoria y cada testimonio reconstruyó la verdad, pero los desafíos persisten. ¿Cómo enfrentar el hecho de que, por la avanzada edad de varios de los presuntos responsables del terrorismo de Estado, no lleguemos a juzgarlos a todos en vida? También puede que las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y muchas otras personas, no vivan lo suficiente para encontrar a sus hijos y nietos o para recibir la justicia que tanto anhelan. Aún no sabemos qué pasó con muchos desaparecidos y nietos apropiados, y, para peor, hoy reaparecen discursos que intentan relativizar el horror e iniciativas políticas que impulsan el otorgamiento de un perdón a los represores.

Sostener hoy los principios de memoria, verdad y justicia exige una vigilia activa. Las circunstancias han cambiado y demandan nuevas formas de compromiso, y toda nuestra creatividad será necesaria. Tenemos la responsabilidad colectiva de honrar y transmitir este legado, como una memoria viva que no se resigna al olvido: si no puede haber juicios de lesa humanidad, habrá juicios por la verdad; si faltan quienes iniciaron la búsqueda, otros la continuarán; si desde las instituciones se niega el pasado, saldremos a las calles a seguir preguntando dónde están los miles de argentinos aún desaparecidos.

Esta fecha no se trata solo de recordar que aún las mesas familiares están rodeadas de sillas injustamente vacías, que existen fotos que siguen esperando justicia, o que hay nombres que todavía duelen cuando se pronuncian. Es también una advertencia sobre lo que ocurre cuando el odio se convierte en política de Estado y cuando una sociedad tolera la exclusión y la violencia. Los desaparecidos no son pasado: son una pregunta abierta en el presente; la democracia no se hereda: se defiende todos los días, y cuando el poder de turno pretende borrar la memoria, recordar se vuelve un acto de resistencia.

Desde ALFA y la comunidad que nos acompaña reafirmamos nuestro compromiso de lucha por los derechos humanos y, en virtud de esta firme promesa, convocamos a marchar este 24 de marzo a las 16 horas, desde la Plaza 9 de Julio. Permanecemos firmes y en movimiento en esta búsqueda colectiva de memoria, verdad y justicia, con la convicción de que, mientras haya lucha, este país seguirá pronunciando la promesa que nació del dolor y se convirtió en bandera colectiva: NUNCA MÁS.