Finalmente, y tal como correspondía por justicia, se ordenó el sobreseimiento de los docentes que fueron detenidos en Aunor en Mayo de 2023 y que fueran imputados, en su momento por la Dra. Zunino, por los delitos de entorpecimiento de tránsito vehicular (art. 194 del CP) y de desobediencia judicial (art. 239 del CP), en medio de un álgido contexto de protestas docentes por mejoras salariales.

Desde ALFA ejercimos la defensa de cinco de los imputados, solicitando en su momento la libertad de los compañeros y luego presentando una recusación contra la Dra. Zunino por sus declaraciones públicas que demostraban falta de imparcialidad y otras actuaciones públicas que, a nuestro entender, contrariaban el Código Iberoamericano de Etica Judicial.

Tras el apartamiento de la Dra. Zunino, la causa quedó en el Juzgado del Dr. Colombo, donde ya en Julio del 2023, pedimos el sobreseimiento de los docentes donde, entre otros argumentos, manifestamos que no era entendible que, en medio de numerosas y extendidas jornadas de corte, solo el día de la detención (25/5/23) se considerara configurado el delito de entorpecimiento del tránsito vehicular, pero no así el resto de los días (anteriores y posteriores en los que se habían realizado cortes de incluso mucho mayor duración) y que además solo fueran seleccionadas 19 personas autoras del delito.

Así, habíamos planteado que, o bien en todos los casos de cortes hubo delitos y, por ende, debieran haber sido imputados miles de ciudadanos que salieron a las calles y a las rutas a hacer conocer su descontento y visibilizar sus reclamos (ya que los cortes fueron de público conocimiento), o bien no se había configurado delito en ninguno de los casos por tratarse de cortes temporales realizados en ejercicio del derecho a la protesta social, reconocido ampliamente en los tratados internacionales de Derechos Humanos receptados en nuestra Constitución Nacional (siendo evidente que esta era la realidad).

Entendimos, y así lo dijimos, que la imputación de los 19 docentes era más una acción política dirigida a aleccionar y disuadir el reclamo de los autoconvocados que una genuina acción de resguardo al orden público. Siempre sostuvimos que el accionar de los autoconvocados no podía configurar delito porque respondía a un legítimo ejercicio de un derecho constitucional.

Y, después de casi un año del pedido de sobreseimiento, y ante dilaciones desmesuradas de la Fiscalía para responder los planteos, finalmente contestó la misma que correspondía el sobreseimiento, señalando que, si bien el hecho sí constituía delito a su criterio, no había elementos para determinar a ciencia cierta la participación de los imputados. Criterio este que el Juzgado de Garantías compartió.

Evidentemente esto pudo haberse resuelto en igual sentido mucho antes, sobre todo cuando desde nuestro equipo no dejamos de insistir en que se resolviera la causa.

Sea como fuere, y después de tanta repercusión mediática y humo de por medio, la causa se resolvió favorablemente para los compañeros imputados y es una victoria, no solo de los docentes, sino del derecho a la protesta social, derecho que hoy más que nunca debe reinvindicarse en medio de una práctica criminalizante y represiva creciente a nivel nacional.

Por último, debemos decir que tenemos la tranquilidad de haber puesto nuestro mejor esfuerzo en esta causa y agradecemos a los compañeros docentes que confiaron en nosotros.