La historia de los códigos contravencionales en Argentina se encuentra ligada a una lógica de organización del espacio público que toma como referencia de orden, de seguridad y de convivencia, los intereses y el status quo de ciertos sectores sociales y que, por tanto, en la práctica habilitó acciones represivas y discriminatorias por parte de las fuerzas de seguridad sobre personas pertenecientes a ciertos grupos en situación de vulnerabilidad, cuyas condiciones de vida no encajan dentro de ese orden, seguridad y convivencia.
Es en esta misma línea que se presentó un proyecto de reforma del código contravencional impulsado por el senador Gustavo Carrizo con el acompañamiento del intendente Emiliano Durand respecto de los arts 77 inc. d); 17; 24 y 156 del Código Contravencional, que básicamente lo que establece es habilitar el arresto efectivo de los trapitos cuando estos “circularan en sectores aledaños y próximos a grandes parques o paseos públicos o en ocasión de eventos masivos, públicos o privados, en un radio de hasta 20 cuadras”. Para estos casos se establece la imposibilidad de que la pena de arresto sea sustituida por otra, con lo cual la idea es que la privación de libertad sea efectiva. Además, propugna la duplicación de los días de arresto de los trapitos, que se extiende de 20 a 40 días.
Creemos que se trata de un proyecto discriminatorio que solo profundiza el punitivismo de personas pobres, en claro alineamiento con una lógica de criminalización de la pobreza y que, en tal sentido, otorga un mayor margen de discrecionalidad de la policía en un contexto en el que la irregularidad de los procedimientos, la violencia y el atropello que viene ejerciendo sobre personas de sectores marginales ya es alarmante.
En efecto, actualmente tramita ante la Corte de Justicia una acción de habeas corpus colectivo promovida desde ALFA y la Gremial de Abogados, donde denunciamos con prueba contundente la práctica policial de detenciones ilegales (es decir detenciones que se dan en casos en los que no corresponden según la ley y la Constitución), la violación de garantías de las personas detenidas y las pésimas condiciones de detención.
Por ello nos parece tan desacertado que, en un contexto aun tan proclive a la selectividad y la violencia policial, se promueva un proyecto que facilite que un trapito, o que una persona con “apariencia de trapito” que circule por lugares determinados, pueda ser imputada de la contravención del art 77 inc. d) con los agravantes que prevé la norma y que, por tanto, pueda ser detenida con menores garantías. También el proyecto agrega un capcioso agravante de desigualdad en razón del género, que será fácilmente manipulable por la Policía dado que la mayoría de los trapitos suelen ser varones.
No se puede ignorar que, principalmente en materia contravencional, la policía ha sido quien históricamente ha determinado quien, como y cuando una persona se considera una amenaza para el orden y, por lo tanto, ha sido siempre en base a la “prueba” surgida de sus operativos que se han imputado las contravenciones. Agravado ello por la mayor asimetría que se da cuando esos operativos se ejercen sobre personas pobres, en situación de calle o en alguna otra condición de vulnerabilidad, todo lo cual ha posibilitado, no solo las falsas imputaciones para fundar detenciones por olfato, sospecha o mera arbitrariedad, sino también para habilitar la violencia lisa y llana. Desde ALFA hemos promovidos numerosas denuncias este año por actos de este tipo, y es menester señalar la dificultad que luego existe para avanzar con las causas de violencia policial sobre personas pobres, ya que muchas veces estas no ratifican las denuncias por temor a represalias, o bien se trata de personal policial no identificado, sumado a las dificultades de acceso de los sectores mas vulnerables a un servicio de justicia, por falta de información y por una cultura que históricamente ha alejado al Poder Judicial de dichos sectores.
Por otra parte, el proyecto aludido no considera una problemática manifiesta en relación a las personas privadas de libertad, esto es, las condiciones de hacinamiento y la inadecuación del centro de contraventores para albergar personas en condiciones dignas, todo lo cual se agravará aun mas de ponerse en marcha un sistema que habilite un mayor número de encierros.
¿Realmente podemos considerar que tenga un mínimo de seriedad una propuesta que favorezca el hacinamiento cuando venimos de atestiguar hace tan poco tiempo una tragedia como la del incendio de alcaidía, favorecida justamente por el hacinamiento?
Esto no es una cuestión opinable pues todos vieron los informes y fotos que difundió el Comité para la Prevencion de la Tortura.
Se trata entonces de un proyecto regresivo, que lejos de contemplar formas alternativas de generar inclusión ciudadana, busca profundizar la exclusión de los “indeseables” sin importarle las consecuencias que ello pueda acarrear (dejando claro que hay vidas que valen menos y cuya seguridad no interesa), en una práctica abiertamente demagógica que hoy encuentra un terreno fértil en los discursos e idiosincrasias individualistas y punitivistas tan en boga en estos tiempos.
Creemos sinceramente que no es la seguridad ciudadana lo que está en juego sino la molestia que significa la pobreza invadiendo “lugares que no deberían frecuentar”.
De mas esta decir que, el poner al arresto como primera opción en un código contravencional y solo para las contravenciones que comprende al sector mas vulnerable de la ciudadanía (y no así para otras contravenciones que sean mas frecuentes en otros sectores sociales más acomodados) constituye un acto abierto de discriminación contra cierto sector social, que choca de lleno con los derechos y garantías vigentes en la constitución y los tratados internacionales de derechos humanos, donde la privación de la libertad, aun en el sistema penal, debe tener carácter excepcional y de último recurso. Cuanto más si hablamos de contravenciones, donde de ningún modo la privación efectiva de la libertad puede ser la primera opción como propugna el proyecto en cuestión.
Por todo ello es que no podemos dejar de expresar nuestro rechazo a este proyecto y este tipo de iniciativas que, a primera vista parecen favorecer la seguridad, pero que en realidad habilitan mas prepotencia policial y mas violencia institucional. Pero queda claro que cuando la violencia se enfoca en el vulnerable, muchos miran para otro lado. Esa es la faceta que deliberadamente no se muestra.